El profesor de economía Christian Felber, especialista en economía sostenible y desarrollador de un nuevo modelo económico internacional llamado la Economía del Bien Común, nos explica su propuesta económica durante unas jornadas del libro independiente en Besalú. Esta es la transcripción de la amena y sugerente digresión que realizó Felber aquel día.

Estoy aquí para presentar un posible modelo alternativo al modelo económico actual, que no repita errores históricos. La economía del bien común está basada en valores y en objetivos que no son nada nuevos. El movimiento nació hace cinco años en Austria, gracias a empresas pequeñas y medianas, solidarias y regionales, que se dieron cuenta de que, si querían ser empresas responsables, democráticas, sostenibles, sociales y humanas, sus costes aumentaban frente a empresas que no tomaban en cuenta estas consideraciones. Los precios de sus empresas eran más altos que los de empresas menos éticas. Investigando a qué se debía este hecho, analizamos las reglas de juego de la economía, que son: afán de lucro y competencia como forma preponderante en la forma de relación entre empresas. Estas reglas de juego son el núcleo del modelo económico actual y la raíz del comportamiento no ético de las empresas.

¿Cuáles son los valores que permiten que florezcan las relaciones humanas? El respeto, la cooperación, la confianza, la empatía, la sinceridad, la solidaridad, la igualdad, la justicia, la libertad, la tolerancia. Existe un consenso en estos valores en todo el mundo. Hoy sabemos, gracias a la neurobiología, que el florecimiento de las relaciones humanas es uno de los bienes culturales más importantes. ¿Por qué? Porque es uno de los factores de motivación más poderosos que conduce a los rendimientos más altos y duraderos. Además, son una de las fuentes más importantes de la satisfacción y felicidad humana. Los estudios científicos confirman que las buenas relaciones son algo extremadamente importante. La economía del bien común propone crear reglas que promuevan el florecimiento de las relaciones en todos los ámbitos de la convivencia. Podemos preguntarnos si el afán de lucro y la competencia son reglas apropiadas para hacer florecer las relaciones. Si preguntamos qué valores son potenciados, suscitados y recompensados por el afán de lucro y la competencia en la economía de hoy, la respuesta es: el egoísmo, la envidia, el afán de comparar, la avaricia, la frustración, la intolerancia o la agresividad. Podemos ver que ambas esferas éticas no tienen nada que ver. No hay ni un solo valor positivo en los valores que la economía actual suscita. Hemos de cambiar esos valores en vez de aspirar al beneficio financiero como objetivo supremo. A lo que hemos de aspirar es al bien común como objetivo supremo de toda actividad económica. En vez de competir hay que recompensar la cooperación y la solidaridad.

Si reflexionamos sobre esta nueva meta de la economía podemos preguntarnos si eso es nuevo. Sin embargo: si en una escuela comercial preguntas cuál es el objetivo de la actividad económica, todos te dirán que es el dinero y el beneficio. Si preguntas por qué no saben qué responderte. La economía tiene que estar relacionada con la cultura, con la ética, con la democracia, con la psicología, con la ecología… ser una  economía holística. La intuición me dijo que el objetivo natural y lógico de la economía debería ser el bien común, y no el dinero, el beneficio o el rédito monetario. La Constitución de Baviera, que es cerca de donde me crié, dice en su artículo 151: “Toda actividad económica sirve para el bien común.” También lo dice la Ley Fundamental de Alemania: “La propiedad siempre tiene que servir a la vez al bien común.” Pero, ¿qué es la propiedad? Un terreno, una empresa (pública o colectiva) son una propiedad y tienen que servir al bien común. La Constitución Española dice que “Toda la riqueza del país, sea cual fuere, está subordinada al interés general.” Esta regla de juego no es ninguna locura utópica, sino que es una regla constitucional, mientras que la que estamos practicando es anticonstitucional, porque ninguna constitución legitima que el afán de lucro o el crecimiento del capital sean el objetivo supremo de la economía. Eso es una infracción o violación de la constitución.

Hoy en día, si los actores económicos compiten unos contra otros por el máximo beneficio financiero, aquellos que tienen el mayor beneficio financiero tienen éxito – ni los mejores ni los más éticos. Hace falta replantearse la noción de éxito en la economía. La economía nacional mide su éxito a partir del PIB, la empresa mide su éxito a partir del beneficio financiero, la inversión mide su éxito a partir del interés. El dinero es la unidad de medición por todas partes. En la economía capitalista globalizada las empresas aspiran al crecimiento del capital, sin embargo las constituciones dicen que el dinero es tan solo el medio de la actividad económica, no su objetivo. La Constitución de Baviera dice que “El dinero es un medio para el despliegue de la economía nacional, pero no un fin en sí mismo.” La distinción entre fin y medio es decisivo a la hora de medir el éxito económico: Qué es metodológicamente más correcto: ¿Medir el éxito de un proyecto a partir de los medios y su disponibilidad o incluso acumulación? ¿O medir el éxito de un proyecto a partir del alcance de sus objetivos? Si apostamos por la segunda opción, habría que medir el éxito de una empresa economía mediante su contribución al bien común y de la economía nacional mediante el bien común que crea. No obstante, podría ser que las constituciones defendieran algo con el que el pueblo soberano no estuviera de acuerdo. Por eso, para despejar cualquier duda, el movimiento EBC propone que los ciudadanos deben decidir en asambleas democráticas cuál es el objetivo supremo de todas las actividades económicas. Si el pueblo está de acuerdo con lo que dicen sus constituciones, hay que ajustar la medición del éxito en la economía. Hay que valorar si una inversión está respetando el medio ambiente o si está aumentando la cohesión social o la igualdad entre géneros, si está socavando la democracia o si está fortaleciéndola. Hoy en día, una empresa o una inversión “exitosa” puede estar destruyendo nuestros valores morales y materiales. De ahí la importancia de evaluar el impacto ético de “toda la actividad económica” como lo manda la constitución de Baviera: Si el impacto ético es negativo, se debe renunciar la es inversión o empresa.

Igualmente, en el nivel macroeconómico, solemos confundir el PIB con el progreso de la nación. Sin embargo, puede ser que, mientras el PIB crece, también crezca el paro y la exclusión, la desigualdad se dispare o el medio ambiente se deteriore. Para eso ya existen diversas alternativas. Una de ellas la ha desarrollado la OCDE, el “Better Life Index”; otra, el pequeño país de Bután, que mide la Felicidad Nacional Bruta. Cada dos años preguntan a miles de vecinos sobre todos los aspectos de la calidad de vida. Cómo está usted, cómo ve el futuro de sus hijos, cómo se lleva con sus vecinos, como está el bosque y el ganado en el pasto, cómo está el agua del río… La propuesta de la economía del bien común es reunirnos como ciudadanos libres y soberanos, en los municipios donde vivimos, y componer el índice de calidad de vida municipal con los veinte ingredientes más importantes al respecto. Si hacemos una medición sabremos si vamos mejor o peor que el año anterior según nuestras máximas prioridades y valores. Así sabremos si el paro ha descendido, o si hay menor exclusión social, o si hay mayor igualdad entre géneros, o si hay una democracia más real, porque medimos el objetivo real de la economía y la convivencia.

La otra correlación es la existente entre el éxito de las empresas y el bienestar de la sociedad. Eso es una innovación importantísima respecto al modelo actual. Hoy en día puede ser que una empresa multiplique su beneficio financiero mediante la destrucción del empleo o el deterioro de las relaciones laborales. Es absurdo considerar a una empresa como exitosa cuando está atacando a la sociedad. Si cambiamos el fin y el medio, si el bien común no es un efecto secundario del crecimiento del capital – y si se mide y recompensa -, es posible una correlación segura entre el éxito de una empresa y el bienestar de la sociedad.

La buena noticia la aportamos nosotros, el movimiento por la economía del bien común, que en cinco años hemos desarrollado un balance positivo que ha sido aplicado por más de 250 empresas, algunas docenas de ellas españolas y catalanas. Existe una alternativa que es aceptada cada vez por más empresas. ¿Qué hace el balance del bien común? Mide ciertos valores fundamentales. Dignidad, solidaridad, sostenibilidad, justicia y democracia. Estos valores están presentes en las diversas constituciones. Nosotros no aportamos nada nuevo, simplemente indicamos lo que ya está presente en esas constituciones. Lo que hay que hacer es tomarse en serio lo que apoya la aplastante mayoría de la población y recompensar a aquellas empresas que vivan esos valores con mayor ambición. Un primer paso sería valorar los rendimientos éticos de las empresas visibles. Ya existen muchas empresas éticas, o cooperativas que cumplen esos valores, o bancos éticos. Hay que dar visibilidad a lo que ya está rindiendo a partir del balance del bien común. Podríamos hacerlo mediante el uso de semáforos de colores. Cada empresa puede obtener hasta mil puntos del bien común, dependiendo de cómo gestiona las relaciones laborales, la democracia y transparencia interna, o los efectos ecológicos de los productos que esa empresa ofrece. Hoy, el problema es que los productos éticos siguen siendo más caros. La idea de una economía ética es precisamente invertir esa relación y hacer que los productos y servicios éticos sean más económicos que los menos éticos. ¿Cómo podemos conseguirlo? En una economía de mercado inteligente hay que vincular el balance del bien común a un trato legal diferenciado en impuestos, aranceles, condiciones crediticias, compra pública o proyectos de investigación. Si una empresa de fabricación de chocolates utiliza manos de obra infantil, no tenemos por qué tratarla igual que otra más justa y que respeta todas las normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo. Esa igualdad de trato es un castigo a la obediencia constitucional. Las empresas infieles a la constitución, desde un punto de vista ético, salen beneficiadas. Una opción sería que una empresa con los mil puntos disponibles tendría la tasa de impuestos más baja. O que la empresa más justa en el comercio internacional tenga mayor libertad comercial y un más fácil acceso al mercado. En suma, el cambio en las reglas de juego pondría por fin en congruencia a las leyes del mercado, que no son naturales, sino decisiones políticas, con los valores de la sociedad.

Es importante comentar que este movimiento del bien común ha sido impulsado por empresarios. La primera ventaja que han encontrado es dotar de sentido a su actividad, más allá de la consecución de beneficios económicos que para ellos sólo son medios. Cada vez hay más actores (empresas y bancos) que están creando redes de apoyo mutuo. También cada vez hay más consumidores que preguntan y reclaman empresas del bien común. Incluso ya existen municipios en España que han decidido dar prioridad en la compra pública a las empresas que hagan un balance ético. El movimiento de la EBC en España ha crecido, ya cuenta con  una asociación federal, cuatro asociaciones regionales, como la asociación EBC Catalunya, donde todo el mundo puede adherirse participando en los que están o fundando nuevos CE en sus ciudades o pueblos.  Cada empresa o municipio puede apoyarse y pedir consejo. EBC no sólo es un proyecto teórico y un movimiento participativo, también ofrece una propuesta de implementación. Está claro que sin un cambio de leyes no vamos a poder implementar la economía del bien común. Sin embargo, las leyes tampoco lo son todo. Según una visión holística hacen falta diversos niveles. Se empieza por la conciencia de lo que está ocurriendo y cuál podría ser su alternativa. Luego hay que asumir esa actitud y saber cuáles son nuestros valores para poder seguirlos. Hay que empezar proyectos sin que la ley cambie; es decir, empezar por la propia empresa o por el consumo ético o la inversión ética y así servir de modelo para otros y promocionar la idea. Y por último, y no por ello menos importante, promover el cambio legal para que la economía entera cambie. En las constituciones tenemos valores y objetivos muy hermosos, pero que no son concretados en el orden económico legal. No podemos demandar que se cumpla la constitución, porque esta no es lo suficientemente concreta. Los representantes del pueblo no llevan a cabo estas propuestas. Es más, por lo general plantean opciones contrarias, como la permisividad de bancos demasiado grandes, o el rescate de los bancos con el dinero de los contribuyentes, o la circulación libre de capitales en paraísos fiscales, o el negocio de alta frecuencia en los mercados de valores o la desigualdad ilimitada… todo eso son ejemplos donde sabemos que la población tomaría decisiones totalmente distintas. No estamos hablando de detalles, sino de grandes líneas de decisión. La banca debe estar orientada al bien común, los créditos deben concederse para inversiones reales que no dañen los bienes comunes, el Banco Central debe ser controlado de forma democrática y sus objetivos deben ser marcados por los ciudadanos. Hay que limitar la desigualdad. Hoy, prácticamente todos los parlamentos y gobiernos del mundo permiten la desigualdad ilimitada, aunque el grueso de los ciudadanos tiene – está probado por encuestas y estudios – un deseo de desigualdad limitada.

Es necesario un cambio del modelo democrático para buscar una democracia real. El el corazón de la democracia reside el principio de la soberanía, un concepto que viene del latín superamus, que significa “por encima de todo”. La soberanía es la más alta instancia en la democracia. Pero, ¿quién es la instancia más alta en una democracia? A diferencia de la monarquía, donde la instancia soberana es el rey o la reina, en la democracia es el pueblo. Todas las demás instancias – la constitución, el parlamento, el gobierno, una ley – están por debajo del pueblo soberano. Si tomamos en serio esta etimología, tendríamos – el pueblo soberano – gozar de una serie de “derechos soberanos”. El primero y más importante: Deberíamos tener el derecho de redactar y adaptar la constitución, porque esta regula las competencias de nuestros representantes. Tendríamos que, a continuación, tener el derecho de revocar o corregir al parlamento si no está a nuestro servicio. Tendríamos que tener poder para cuestionar el TTIP, el tratado de libre comercio, por ejemplo, o de rechazarlo, porque somos la última instancia que debe tomar las decisiones grandes, o al menos poder tomarlas cuando desea. La propuesta concreta de la EBC es que los ciudadanos se reúnan en asambleas descentrales para redactar la constitución, empezando por sus aspectos económicos. En estas asambleas constitucionales, sólo se deben decidir las cuestiones fundamentales como por ejemplo la aclaración cuál debe ser el objetivo de la economía y cuál el medio. Debe limitarse la desigualdad o ser ilimitada? Los bancos deben estar orientaos al bien común o al lucro? Los créditos se deben conceder para inversiones reales solamente o también para “palanquear” la especulación financiera?Son cuestiones relevantes, pero sencillas que caben en cinco páginas. El proceso de una asamblea local puede durar un año, por ejemplo. Se pueden crear comisiones para cada cuestión fundamental para investigar las alternativas más atractivas que existen en todo el mundo. Se debaten en el pleno y vuelven a ser refinadas en las comisiones. Las propuestas finales se votan mediante un sistema innovador llamado consenso sistémico, que no mide la afirmación de cada propuesta sino su resistencia. Gana la propuesta que recibe menos resistencia. Después de la primera vuelta en el nivel local, cada municipio envía un delegado nacional o europeo, y esas delegaciones no deciden sino formulan las variantes que más veces se han propuesto o más apoyo han recibido de las asambleas municipales. Estas alternativas finales son votadas por la ciudadanía soberana. La instancia soberana se convierte en el poder constitutivo, que se agrega a los tres poderes ya existentes. Es un objetivo a medio plazo, pero es un objetivo factible.

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